El Gobierno de Andalucía ha aprobado un decreto ley que incluye ayudas directas para establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y campamentos y complejos rurales. Un plan que contará con un presupuesto de 72,8 millones de euros y destinará 200 euros por cada plaza a los hoteles, 80 euros en el caso de los apartamentos, para el resto de los alojamientos habrá una cuota fija de 3.000 euros.
Las ayudas a hoteles serán de 200 euros por cada una de las plazas con las que cuenten los establecimientos que consten en el Registro de Turismo de Andalucía a 13 de marzo de 2020. El importe a percibir por la persona titular de los mismos puede llegar hasta los 200.000 euros.
Los apartamentos turísticos, también registrados en la fecha antes mencionada, recibirán 80 euros por cada plaza. En este caso, el titular podrá recibir un máximo de 50.000 euros.
Las ayudas a campamentos de turismo y complejos turísticos rurales, para las áreas de pernocta de autocaravanas, habrá una cuota fija de 3.000 euros.
Para los campings y complejos turísticos rurales, la cuantía se determinará en función del número de trabajadores por cuenta ajena a 13 de marzo (hasta nueve trabajadores, 10.000 euros, y 10 o más trabajadores, 20.000 euros).
Con este decreto se cierra el «paquete completo de ayudas dirigidas al turismo, el mayor que se ha sacado en España», afirmó ayer el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín. Además, destacó que estas ayudas serán compatibles con otras subvenciones o ingresos que se concedan con la misma finalidad procedente de cualquier administración.
Objetivos y requisitos
El importe de estas subvenciones se podrá destinar a sufragar gastos relativos a las materias primas, existencias, alquileres, suministros, gastos de personal, mantenimiento o equipamiento necesario como respuesta a la crisis de salud provocada por el COVID, entre otros objetivos.
Para beneficiarse de las ayudas, entre otros requisitos tendrán que acreditar una caída de ventas o ingresos provocada por el impacto económico de la crisis sanitaria de, al menos, un 20%, en el ejercicio 2020 respecto al ejercicio 2019 y no ser una empresa en crisis a 31 de diciembre de 2019.