El proyecto de ley con medidas fiscales que el Gobierno trata de sacar adelante incluye medidas que afectan a las empresas cooperativas. Se han incluido iniciativas de Sumar para que las sociedades cooperativas puedan ajustar su resultado contable en el importe que destinen, obligatoriamente, con cargo a sus resultados, al Fondo de Reserva Obligatorio. También para que los socios trabajadores y del trabajo de las cooperativos entren dentro del concepto de «trabajadores admisibles», que las retribuciones de los socios trabajadores y de trabajo de las cooperativas se recojan dentro del concepto de «costes salariales admisibles» y que la remuneración de las aportaciones al capital social entre dentro de los costes salariales admisibles. La última enmienda de los plurinacionales es para que la bonificación del 50% de la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades se considere un crédito fiscal reembolsable admisible. Asimismo, se otorga similar tratamiento a la deducción en la cuota íntegra del Impuesto de Sociedades aplicable a las cooperativas especialmente protegidas sometidas a tributación en territorio foral.
El proyecto de ley está pendiente de lograr una mayoría parlamentaria suficiente, con una votación prevista el jueves. El escollo está en los gravámenes que el ejecutivo ha pretendido introducir para la banca y las empresas energéticas. En principio la Comisión de Hacienda aprobó el martes incluir un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, pero sin incluir la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas.
En Comisión el texto salió adelante con el apoyo de PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Bildu y BNG y el voto en contra de PP y Vox.
También incluye propuestas para gravar a los vapeadores, subir el IVA a los apartamentos turísticos, luchar contra el fraude de los hidrocarburos, mejorar la tributación de los artistas o reformar el Impuesto de Sociedades para contrarrestar la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de una reforma sobre este tributo que ejecutó el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.