La Consejera de Empleo, Empresas y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco, ha explicado en el Parlamento que «esta legislatura contará con un Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social (PIMESA) con nuevas medidas de apoyo al emprendimiento en un sector que supone el 10% del PIB andaluz y el 12,5% del empleo, y que esta legislatura también incluirá el inicio de los trabajos para modificar la actual Ley de Sociedades Cooperativas».
En la pasada legislatura la consejera ya anunció el Plan de Impulso y Modernización de la Economía Social Andaluza (PIMESA), en cuya elaboración han estado implicadas nueve consejerías y diez direcciones generales de la Junta de Andalucía.
Algunas actuaciones concretas que se barajan para incluir en el PIMESA son nuevas ayudas que complementen a las actuales y que se centren en la vertebración del sector, en respaldar el relevo generacional o para facilitar la incorporación de jóvenes y la transformación digital. También se pretenden diseñar medidas que mejoren la visibilización y el peso del sector en la sociedad, como medidas educativas o la creación de una Cátedra de Economía Social, así como nuevos instrumentos de cara a facilitar financiación como microcréditos, apoyo a la internacionalización, o incluso la creación de una “marca Andalucía” de Economía Social.
El presupuesto de este plan, que no incluye las líneas que la Consejería ya mantiene para el sector de la Economía Social y las cooperativas, se estimaba en 72 millones de euros.
El desarrollo del PIMESA y la reforma de la Ley de Cooperativas son dos de las medidas que AndalucíaEScoop considera imprescindible desarrollar a lo largo de la legislatura, siempre dentro del clima de diálogo y sensibilidad hacia el sector que ha mostrado la Consejería en los últimos años.
Rocío Blanco ha reconocido que el actual contexto económico y geopolítico y la “escalada de la inflación” marcan un escenario previsible de menor crecimiento económico, “un camino tortuoso para los próximos meses y una legislatura con enormes desafíos”, pero ha recordado que la evolución del mercado de trabajo andaluz aún continúa reflejando una recuperación post pandemia con la creación de 123.800 empleos en el último año y una tasa de paro en los niveles más bajos desde hace 14 años, ha informado la Consejería en una nota.
Gestión
La nueva Secretaría General de Empresa y Trabajo Autónomo, que tiene competencias sobre cooperativas y Economía Social a través de una Dirección General, tendrá como labor la gestión de ayudas a trabajadores, autónomos y pymes unificando bajo un mismo departamento todas las direcciones generales que gestionan estos incentivos y permitiendo establecer “pautas homogéneas de diseño de las ayudas, modelos comunes de gestión de seguimiento y evaluación, réplica de modelos de automatización y la implementación de casos de uso similares en la gestión”.
“El objetivo es que el beneficiario reciba las ayudas con la menor carga burocrática posible”, ha añadido la consejera, que ha destacado que la identificación de un único centro la “ventanilla” a la que el administrado puede dirigirse, se facilitará la interlocución con los beneficiarios y los interesados.
Empresas y trabajo autónomo
En cuanto a las actuaciones de esta nueva Secretaría General de Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco ha destacado que ya se están elaborando las bases reguladoras para implantar la cuota cero para los autónomos, que sustituirá a la actual ampliación de la tarifa plana a principios del próximo año. Esta ayuda permitirá a los nuevos trabajadores por cuenta propia andaluces que van a acogerse a la nueva tarifa plana de 80 euros estatal, aplicable en 2023, contar con una ayuda autonómica el primer año para reducir su cuota a cero euros, y mantener el segundo año esta situación si sus ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional.
La consejera, que ha avanzado que esta ayuda será compatible con la ayuda al inicio de actividad al trabajo autónomo de hasta 5.000 euros, ha detallado que va a iniciarse la tramitación del primer Plan Estratégico del Trabajo Autónomo Andaluz tras la creación este mes del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo, y que también tendrán continuidad los distintos incentivos para respaldar los gastos de funcionamiento de las entidades representativas del trabajo autónomo, las actuaciones encaminadas a conseguir una conciliación laboral y familiar del colectivo, así como las ayudas para la transformación digital.
Incentivos al empleo y la competitividad
En cuanto a los incentivos al empleo, la consejera ha apostado por mejorar su eficacia de cara a que sean una herramienta orientada a mejorar la empleabilidad de determinados colectivos, pero “en ningún caso sustituyen a las reformas necesarias para combatir la precariedad y desempleo”. Al respecto, ha asegurado que se homogeneizarán los requisitos con un sistema más sencillo y de fácil verificación, se incorporarán procesos automatizados y se combinarán estas ayudas con otras medidas para mejorar su eficiencia.
Entre las ayudas que se pondrán en marcha, Rocío Blanco ha citado la próxima publicación de la convocatoria de incentivos dirigidos a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía, que contarán con 170 millones de euros; la continuidad de las subvenciones dirigidas a la inserción laboral de personas con discapacidad y el apoyo a las Empresas de Inserción y colectivos en riesgo de exclusión; las medidas de conciliación, y los programas asociados al Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia para Andalucía, que “han tenido una gran aceptación”.
Plan Integral de Comercio
Rocío Blanco también se ha referido al área de Comercio y Artesanía, sectores de los que ha destacado su importante papel como dinamizadores económicos y sociales, y ha advertido que el rápido crecimiento del comercio electrónico, a la vez que abre “nuevas oportunidades, enfrenta también a grandes desafíos exigiendo adoptar los cambios necesarios para poder seguir siendo competitivos en la nueva era digital”.
Para abordar este reto, la consejera ha avanzado que cuando finalice la vigencia del VI Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía se iniciará la elaboración del siguiente instrumento de planificación para 2023-2026, dirigido a afrontar el nuevo modelo comercial que surge tras la pandemia caracterizado por el auge del comercio on line, la necesaria digitalización de los comercios, las nuevas formas de relacionarse y de consumir de las personas, la modificación de los hábitos de compra y la creciente globalización de los mercados. Junto a este plan, la consejera también ha adelantado que se trabajará en la aprobación e una nueva Ley de Artesanía y un nuevo plan integral para este sector, también para el periodo 2023-2026.
Secretaría General del Servicio Público de Empleo y Formación
La consejera se ha referido en su comparecencia igualmente a la creación de la Secretaría de Servicio Público de Empleo y Formación, que será la responsable de coordinar e impulsar la aplicación de un nuevo modelo de gestión del Servicio Andaluz de Empleo, y que al incluir las competencias de Formación profesional para el Empleo propiciará “un mayor acercamiento y necesaria sinergia entre las políticas activas de intermediación, orientación y formación profesional”, lo que permitirá “ayudar a determinar con mayor precisión la detección de las necesidades formativas en materia de empleo”.
En este sentido, Rocío Blanco avanzó que próximamente va a inaugurarse en Pabellón de Turquía de la Isla de la Cartuja de Sevilla el nuevo Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE), insertado en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que servirá de soporte especializado del SAE para el diseño y la puesta en marcha de nuevos modelos de actuación, de carácter innovador, que puedan ser transferidos al resto del Sistema de Orientación.
Con respecto a la Formación, la consejera ha asegurado que las actuaciones que se desarrollarán esta legislatura estarán muy marcadas por la transición en el empleo que está suponiendo que la inteligencia artificial y la robótica creen nuevos puestos de trabajo, mientras que otros cambian o incluso desaparecen, lo que obliga a planificar con antelación este relevo de perfiles profesionales con actuaciones que se anticipen a estos cambios.
Rocío Blanco ha recordado que actualmente se están desarrollando casi 100 millones de licitaciones en distintos programas formativos, a los que se unen los destinados a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro, como la Formación Profesional para el Empleo en colaboración con los ayuntamientos, dirigida a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral que ya está desarrollando una nueva convocatoria con 17,9 millones de euros solicitados; o el programa Empleo y Formación, que cuenta con una nueva convocatoria para 2022 con 97 millones.
Seguridad y Salud
La consejera de Empleo ha abordado también el área de Seguridad y Salud Laboral, que mantendrá hasta el próximo año el “impulso” del III Plan de Actuación 2022-2023 incluido en Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo, que recoge 91 acciones y un presupuesto de 17,77 millones de euros, dedicado casi el 60% a la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras en Andalucía, y el restante 40% a la mejora de la gestión preventiva en las empresas andaluzas, la mejora de la eficacia administrativa y la consolidación de la cultura preventiva en la sociedad andaluza. Para dar continuidad a la Estrategia, la consejera añadió que se abordará la negociación con los agentes económicos y sociales de un nuevo instrumento de planificación que se alinee con la Estrategia Española y las directrices europeas.
Por último, en el área de relaciones laborales, Rocío Blanco ha apostado por profundizar en la informatización y telematización de los procedimientos que la Junta ejerce como Autoridad Laboral, en línea con la gestión desarrollada con el gran número de ERTE que hubo que tramitar durante la pandemia; e impulsar aún más el Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva Andaluza, para dar respuesta a las necesidades que planteen las mesas negociadoras de convenios colectivos y contribuir a mejorar sus contenidos para convertirlos “en verdaderas herramientas para el avance en la calidad del empleo, la promoción de la igualdad y la competitividad de las empresas”.