El Ejecutivo aprobó el pasado 13 de octubre dos reales decretos que están dirigidos a garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres en el entorno laboral y que, a juicio de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, sitúan a España a la vanguardia de Europa en este terreno. Los textos otorgan rango de ley a los reglamentos de Igualdad Retributiva y de Planes de Igualdad.

«A partir de hoy, se acabó que un hombre y una mujer en nuestro país, en nuestras empresas, puedan percibir retribuciones diferentes», ha manifestado la titular de Trabajo en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete. Yolanda Díaz ha indicado que esta normativa asegura la corrección de la discriminación salarial en las empresas, una desigualdad que ha calificado de «aberración democrática», ya que vulnera derechos fundamentales de la mitad de la población.

Ambas ministras han recordado que la brecha de género no se limita al ámbito retributivo, sino que también se refleja en la precariedad de los empleos y las dificultades de conciliación de la vida laboral y personal, y han remarcado la relación directa entre las políticas de igualdad de una empresa y su eficiencia.

Igualdad retributiva entre mujeres y hombres

El Real Decreto de igualdad retributiva facilita la identificación de las discriminaciones salariales a través de un conjunto de instrumentos de transparencia: un registro con información desagregada por sexo, clasificación profesional y tipo de retribución; una auditoría de la empresa que incluya la evaluación de los puestos de trabajo y un plan para corregir las desigualdades; y un sistema de valoración de puestos de trabajo que respete el principio de igual retribución para puestos de igual valor.

Yolanda Díaz ha señalado que la clave del texto es que garantiza el derecho a la información sobre la cadena retributiva, que es «donde justamente se perciben todas y cada una de las discriminaciones que sufrimos las mujeres a lo largo de nuestra carrera profesional y de nuestra vida».

El decreto, además, prevé la celebración de reuniones semestrales de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Igualdad con los agentes sociales para analizar la efectividad de la lucha contra la brecha salarial. También se colaborará con los agentes sociales en la elaboración de una guía de buenas prácticas para la negociación colectiva y las empresas, así como de una guía técnica para las auditorías retributivas.

Planes de igualdad en las empresas

En cuanto al Real Decreto sobre los planes de igualdad, la titular de Trabajo y Economía Social ha explicado que la meta es que las empresas dispongan de planes que contengan un diagnóstico negociado con los agentes sociales y abarquen desde el proceso de selección del personal y la permanencia en una empresa hasta la salida del puesto de trabajo.

El texto fija el procedimiento de elaboración de los planes a través de una comisión negociadora, su contenido mínimo -que debe incluir la auditoría retributiva- y su vigencia. Los planes incluirán a todos los trabajadores de la empresa y será obligatorio registrarlos.

Irene Montero ha defendido la norma señalando que esos planes no pasaban en algunos casos de ser meras declaraciones de intenciones, por lo que era necesario detallar cómo debe llevarse a cabo en cada empresa el diagnóstico de las discriminaciones por razón de género, que en muchos casos pasan incluso desapercibidas.

La ministra de Igualdad también ha expresado la preocupación del Gobierno por el efecto de la crisis en la situación de las mujeres: «Somos conscientes desde el principio de esta situación de emergencia de que, si no hacemos políticas públicas para evitarlo, el peso de esta situación de emergencia volverá a recaer sobre las mujeres y, sobre todo, de que se pueden producir retrasos, retrocesos de muchos años en el acceso efectivo a sus derechos».

Combatir la dependencia económica de las mujeres y las situaciones de precariedad que sufren es esencial para erradicar la violencia de género, según ha remarcado la ministra, que ha comenzado su intervención condenando un nuevo asesinato machista. Ya son 36 las mujeres asesinadas este año, y un total de 1.069 desde el año 2003. Irene Montero ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo contra la violencia de género y ha recordado los servicios que están a disposición de las víctimas.

Lucha contra el fraude fiscal

El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que inicia ahora su trámite parlamentario.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que la política de su departamento y de todo el Ejecutivo es de «tolerancia cero» con cualquier práctica fraudulenta. «No hay justicia social, no hay justicia tributaria si algunos pretenden eludir los compromisos y las obligaciones que tienen el resto», ha dicho Montero, que ha destacado la importancia de perseguir las prácticas irregulares que suponen un agravio para los contribuyentes que sí cumplen.

La titular de Hacienda ha apuntado que esta labor de la Agencia Tributaria permitió recaudar el año pasado 15.715 millones de euros, un 4,1% más que en 2018, un control que se ha reforzado especialmente sobre los patrimonios elevados y las grandes multinacionales digitales.

La futura ley refuerza las herramientas para prevenir y combatir la evasión fiscal y pone el foco en las fórmulas de fraude más complejas y avanzadas, como aquellas asociadas a las nuevas tecnologías. Además, permite perseguir los comportamientos inadecuados de multinacionales y luchar contra la planificación fiscal abusiva. El Ejecutivo estima que el conjunto de las medidas podría generar unos 800 millones de euros adicionales de recaudación en un solo ejercicio contable.

Entre las novedades más significativas del texto figuran la prohibición por ley de las amnistías fiscales; la reducción del límite del pago en efectivo para determinadas operaciones económicas de 2500 a 1000 euros, cuando se realice entre profesionales o empresarios; la ampliación de la lista de deudores tributarios; el refuerzo del concepto de ‘paraíso fiscal’; un mayor control del mercado de las criptomonedas, y la prohibición de los programas informáticos que facilitan manipular la contabilidad. La norma contempla también la transposición de la Directiva europea contra la elusión fiscal.