Representantes de instituciones europeas y de 19 países de la Unión Europea han firmado este martes el Manifiesto de San Sebastián sobre la Economía Social, que busca reforzar las políticas que impulsen este sector productivo, que «genera empleo de calidad y redunda en un mayor beneficio social».
La firma de esta declaración ha tenido lugar este martes en la capital donostiarra durante el acto de clausura de la Conferencia Europea de la Economía Social, organizada por el Ministerio de Trabajo dentro del programa de la Presidencia Española de la Unión Europea.
Esta cita, celebrada en el Palacio Kursaal, ha reunido durante dos días a medio millar de expertos, entre ellos ministros y secretarios de Estado europeos y representantes de organizaciones internacionales y entidades del sector.
Todos ellos han analizado medidas y propuestas para seguir ahondando en la implantación de un modelo productivo que emplea en Europa a más de 13,6 millones de personas, un 6,3 % de la población activa.
El cónclave ha finalizado con la firma del Manifiesto de San Sebastián, que busca reforzar a nivel europeo las políticas que hagan avanzar al sector en todos los países que conforman la Unión Europea.
El Comisionado Especial de la Economía Social, Víctor Meseguer, ha asegurado, tras firmar el manifiesto, que «la economía social brinda la oportunidad de crear trabajo decente, genera cohesión territorial y social, además de propiciar la igualdad y la redistribución de los beneficios», razones por las, a su juicio, debe ser «tomada en mayor consideración en todas las políticas europeas».
Ha dicho que una de las claves para ese fin es aplicar el Plan de Acción Europeo de la Economía Social, tal y como contempla el Manifiesto, en el que se insta a que los países de la UE, las instituciones europeas y las entidades representantes del sector fomenten el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como la cooperación.
Este tejido productivo, que abarca todos los ámbitos, está conformado por cooperativas, mutuas, asociaciones, fundaciones, empresas sociales y otras estructuras jurídicas que priman los beneficios sociales y medioambientales.
En España se estima que alrededor de 2 millones de personas trabajan de forma directa o indirecta en este tipo de empresas o entidades que se rigen por una gobernanza participativa y reinvierten la totalidad o parte de sus beneficios en el interés de sus usuarios o los dedican a fines sociales, según datos aportados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
El Manifiesto de San Sebastián busca también un refuerzo del marco político europeo para seguir incentivando el crecimiento de un sector que genera «empleo de calidad a la vez que redunda en mayor beneficio social».
Además de España, la declaración ha sido suscrita por Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Francia, Grecia, Italia, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, así como por el Comité Económico Social Europeo (CESE), el Comité de las Regiones y Social Economy Europe.