El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el Plan Estratégico para el Impulso y la Modernización de la Economía Social en Andalucía (PIMESA) 2023-2026, un documento que constituye una hoja de ruta de las actuaciones que desarrollará la Junta de Andalucía en los próximos cuatro años para respaldar a este sector, que supone un 14% del PIB regional y emplea a casi 200.000 personas.
Para el desarrollo de los objetivos del PIMESA se ha previsto un presupuesto inicial de 10,83 millones de euros, que podrá ser objeto de ampliación a lo largo del desarrollo del plan. De hecho, este año mismo año ya se suman a su presupuesto otros 7,2 millones
de euros que el Gobierno andaluz ya está destinando a varias líneas de ayudas para el sector, con incentivos para el asociacionismo, el fomento del empleo estable o apoyo a la promoción y el desarrollo de la Economía Social y emprendimiento en este tipo de
empresas.
El plan ha sido elaborado a través de un modelo de gobernanza participativo, donde todos los agentes implicados, ciudadanía e instituciones públicas y privadas han participado. Especialmente relevante es el papel que ha jugado el Consejo Andaluz de
Entidades de Economía Social como máximo órgano de coordinación y participación en materia de economía social.
El documento, de 80 páginas, incorpora un análisis de la situación de partida exponiendo qué es la economía social; la identificación europea de los diferentes actores o grupos incluidos en el subsector de mercado o empresarial; los indicadores que dibujan el
contexto actual del sector señalando los problemas, las necesidades y los retos; así como los objetivos estratégicos que se pretende alcanzar y los programas y medidas para conseguirlos. Por último, se incluye un sistema de evaluación que permita obtener
información fiable del estado de su avance.
Así, se determina que la Economía Social Andaluza está integrada por mutualidades, fundaciones y asociaciones que lleven a cabo actividad económica, cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación y otras entidades singulares.
Como cuantificación de la magnitud del sector, se cifra que está compuesto por 11.246 entidades con 194.501 personas trabajadoras, y un volumen de negocio de 23.148 millones de euros, lo que equivale al 6,2% del empleo andaluz y al 14% del PIB regional.
Como objetivos del PIMESA que den respuesta a los principales problemas del sector, se definen cuatro específicos: aumentar el reconocimiento de la economía social por la sociedad; incrementar la adecuación del sistema de ayudas e incentivos públicos para
el sector: incrementar el tamaño de las empresas y aumentar las adjudicaciones de contratos públicos para estas sociedades.
Estos objetivos se desarrollan a través de otras cuatro líneas de acción, entre las que se encuentran la formación especializada; la protección, aumento y consolidación de las empresas de la economía social; la difusión y puesta en valor del sector y las subvenciones y ayudas. Por último, se definen 30 programas distintos que contienen a su vez 81 medidas concretas que se desarrollarán hasta finales de 2026, incluyendo el PIMESA la posibilidad de prorrogar su ejecución otros dos años más.
Entre el extenso grupo de medidas, en el ámbito de la formación se recogen algunas destacadas como la creación de la Cátedra de Economía Social o el desarrollo de una oferta de Formación Profesional para el Empleo con acciones vinculadas a certificados
de profesionalidad y modelos en materia de emprendimiento y economía social, así como un estudio de prospección y detección de necesidades formativas en el sector.
Igualmente, dentro del objetivo de aumentar el reconocimiento del sector, se incluyen medidas de apoyo para aumentar las empresas de inserción; la creación de una vocalía que represente a la Economía Social en el Consejo Andaluz del Cine o participar en
reuniones del Consejo Andaluz del Consumo; campañas de difusión del sector; fomento de la investigación con subvenciones a universidades y fundaciones; creación y regulación de la marca ‘Cooperativa Andaluza’ o la organización del Congreso Andaluz
de Economía Social, entre otras.
La aprobación de una línea de apoyo a la creación de empleo para jóvenes en el sector; subvenciones para la mejora de las competencias digitales; ayudas para el relevo generacional o incentivos para la transición ecológica, la transformación digital y la
incorporación de investigadores en los departamentos de I+D son otras actuaciones previstas en el PIMESA, que también incluye medidas para aumentar las adjudicaciones de contratos públicos a la economía social.