La Economía Social ha sido protagonista del Consejo de Ministros celebrado el martes al aprobarse dos iniciativas muy relevantes para la economía social. Una de ellas es la Estrategia Española de Economia Social 2023-2027 y la otra es el Anteproyecto de Ley Integral de Economía Social, que supone la reforma de tres leyes muy importantes para la economía social: la Ley 5/2011 de Economía Social, La ley 27/99 de Cooperativas y la Ley 44/2007, para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción.
Ambos proyectos se han trabajado en estrecha colaboración entre los equipos del Ministerio de Trabajo y Economía Social y de CEPES en los últimos meses. El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, considera que “es una excelente noticia que se haya dado luz verde a estas iniciativas, ya que eran esperadas y necesarias para potenciar, modernizar y mejorar la competitividad de las empresas que conforman la economía social”. “El compromiso del presidente de Gobierno, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, presidido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Diaz, y el de todo su equipo han sido claves en todo este proceso, en el que han demostrado gran confianza y capacidad de escucha en las necesidades de las empresas de economía social”, añade.
Pedreño señala que ambos proyectos “recogen el sentir del sector en su gran mayoría”, si bien, y en lo que se refiere al Anteproyecto de Ley Integral de Economía Social, confía que se mejore en el trámite parlamentario para que se contemplen todas las demandas propuestas por CEPES en estos meses.
Hoja de ruta
La Estrategia Española de Economía Social 2023-2027 aprobada por el Consejo de Ministros se convierte en la nueva hoja de ruta de este modelo empresarial. Da continuidad a la anterior Estrategia que tenía como objetivo promover las particularidades de las empresas y entidades de la economía social en el mercado único, así como incluirlas y apoyarlas a través de programas, proyectos y fondos y del desarrollo innovador y sostenible de un ecosistema financiero adecuado.
En el ánimo de que las empresas de economía social puedan constituir un elemento clave para contribuir a mejorar la capacidad de recuperación de la economía española, se ha aprobado esta Estrategia en la que se ha realizado un profundo trabajo de análisis del entorno económico actual y de la situación económica y social actual de la economía social, que ha servido de referencia para identificar los ejes estratégicos, las líneas de actuación y acciones que configuran esta nueva estrategia.
La Estrategia responde a una demanda de CEPES, y a su vez del interés del Gobierno de España, de fomentar la economía social para incrementar su contribución al desarrollo socio económico del Estado. Para el presidente de CEPES, “urgía la aprobación de esta Estrategia que servirá para impulsar la competitividad y las condiciones de actuación en el mercado de las empresas y entidades de la economía social que representan a más de 43.000 empresas, 2.3 millones de empleo y una facturación que supone el 10% del PIB española”.
La estrategia, se ha desarrollada en estrecha colaboración con CEPES y su Junta Directiva, pero también con la opinión de AAPP con competencias en economía social, con CC.AA. y ayuntamientos que cuentan con planes o estrategias en la materia y con otras instituciones y actores invitados.
De los resultados de este análisis se identifican 4 ejes prioritarios, 30 líneas de actuación que se concretan en más de 112 actuaciones:
- EJE 1: Visibilidad y participación institucional de la Economía Social, que contempla 5 líneas de actuación, 15 acciones que se concretan en más 20 actuaciones.
- EJE 2: Mejora de la competitividad, que contempla cinco líneas de actuación 17 acciones que se concretan en 30 actuaciones.
- EJE 3: Emprendimiento y sectores emergentes, que contempla 3 líneas de actuación, 8 acciones que se concretan en 19 actuaciones.
- EJE 4: Sostenibilidad social y territorial, que contempla 5 líneas de actuación, 18 líneas de actuación que se concretan en más de 43 actuaciones.
ANTEPROYECTO DE LEY
Según el presidente de la patronal de la economía social, Juan Antonio Pedreño, “con esta Ley se pretende actualizar el marco normativo de tres leyes que era preciso modificar y abordar de manera urgente a través de su reforma para adaptarlas a las nuevas circunstancias económicas y sociales”. “La reforma de tres leyes ha complejizado los trabajos, ya que eran muchos los aspectos que había que cambiar y que afectaban a varios Ministerios”, añade.
En relación con la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, el avance, desarrollo y el momento actual de la economía social y de su actividad ha llevado a la necesidad de ahondar en la clasificación de las entidades que componen el sector. En este ámbito, CEPES reivindicaba desde hace tiempo la necesidad de incorporar algunas fórmulas empresariales ya reconocidas a nivel europeo como son las empresas sociales. La evolución jurisprudencial y del ecosistema de la economía social en Europa obligaba a realizar un esfuerzo por definir un nuevo marco regulador que permitiera identificar estas nuevas entidades que operan en el ámbito de la economía social. Otro aspecto relevante era incluir en esta ley la nueva regulación de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social.
Además, y como consecuencia de lo anterior, la ley requería de un análisis sobre la utilidad del Catálogo de Entidades de Economía Social que la Ley 5/2011, de 29 de marzo, instaba a confeccionar y que doce años después de su aprobación sigue pendiente de elaboración.
De igual forma, el propio transcurso y desarrollo de la economía social ha supuesto un cambio contextual en el que deben replantearse los objetivos de las actividades de difusión y fomento de la economía social.
Pedreño comenta que “a pesar de que la ley recoge la mayor parte de las demandas de CEPES, en el transcurso de las negociaciones no se han podido abordar algunas cuestiones, como son las referidas a la capitalización por desempleo que se está negociando en el actual proyecto de Ley de Incentivos. En caso de no solventase en esta norma, CEPES seguirá volcando esfuerzos para que se contemple este supuesto en el marco del Anteproyecto de la ley integral de Economía Social.
En lo que respecta al ámbito competencial de la cotización de los autónomos de cooperativas, se han recogido parte importante de las propuestas del sector, quedando pendiente el análisis de la conceptualización de los ingresos mobiliarios de los autónomos cooperativistas. El presidente de la patronal de economía social apunta que “este tema se seguirá trabajando en el trámite parlamentario para que se recojan las propuestas definitivas”. Todas estas cuestiones se han estado coordinando con Presidencia de Gobierno y con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y son consecuencia de la reforma propuesta por este Ministerio con el horizonte puesto en el 2032.
En lo que atañe a la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, se ha buscado la adecuación y actualización de la legislación cooperativa estatal de manera que se recogieran los ajustes necesarios para optimizar la eficacia de su funcionamiento interno en lo referido a las formas de participación y el ejercicio de derechos digitales o telemáticos, al principio cooperativo de igualdad, o a concretar los supuestos de descalificación administrativa de entidades que, bajo la apariencia de cooperativas, persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él.
Igualmente, la reforma pretende afrontar los obstáculos detectados en los últimos años, en un momento especialmente oportuno, para reforzar su papel en la generación y el mantenimiento del empleo de calidad.
Según Pedreño, “esta ley recoge en gran medida las propuestas del sector cooperativo, si bien han quedado fuera algunos aspectos relacionados con los planes de igualdad en las cooperativas o la reforma fiscal y algún otro aspecto de este modelo societario, que se seguirán trabajando para darles solución”.
Por último y en lo que respecta a la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha trabajado en estrecha coordinación con FAEDEI, socio de CEPES, para mejorar el funcionamiento de este tipo de sociedades que luchan día a día para eliminar las brechas de desigualdad.
Por ello, esta reforma mejora y favorece el funcionamiento de estas empresas, desvinculando los conceptos de exclusión y vulnerabilidad de quienes pueden ser contratados por las empresas de inserción para atajar su estigmatización social. Dichos conceptos quedan exclusivamente vinculados a los factores externos, de orden económico, social, relacional, ambiental o personal a los que quedan expuestas las personas, dejándolas en una posición de desventaja, que ha de ser contrarrestada a través de un adecuado itinerario de inserción.
Asimismo, la reforma aborda la actualización del marco de contenidos mínimos, común para todo el Estado, de los itinerarios de inserción, causa y objeto de la contratación de las personas sujetas a factores de riesgo de exclusión y de los que dependen la mejora de su empleabilidad, y también soluciona algunos desajustes a raíz de la nueva reforma laboral. En definitiva, esta reforma incluye las modificaciones necesarias para garantizar la competitividad de las empresas de inserción.